Boletin Intercambiando nº 26 - Abril 2010

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	SUMARIO   EDITORIAL:Tensión y crisis entre dos paradigmas 53 Sesión de la Comisión de Estupefacientes JIFE: diversas voces en respuesta a su informe anual ¿Cómo frenar la guerra contra las drogas? CICAD revisa su política México: una carta denuncia la tragedia de Ciudad Juárez II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas Intercambios participa en investigación impulsada por la FIUC Intercambios y Punto Seguido con apoyo de OSI BREVES AGENDA   Tensión y crisis entre dos paradigmas   Hay quien entiende la crisis como drama y hay quien la entiende como cambio y posibilidad de transformación. Oportunidad. Este es el escenario que hoy se presenta en la definición de políticas de drogas, donde cada vez es más visible la tensión entre la perspectiva aún dominante de "guerra contra las drogas" y las voces cada vez más numerosas que se levantan contra un abordaje represivo y costoso en vidas, que cobra protagonismo sobre todo en América Latina. Y esto se refleja en los distintos artículos que incluye esta nueva edición de Intercambiando. Por un lado, en la 53 Sesión de la CND el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD), Antonio María Costa, planteó su preocupación por las "medidas flexibilizadoras" y las calificó de "neocolonialistas". Poco antes, la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe anual había señalado la misma alarma. Ambos se refieren a las iniciativas que en la región comienzan muy lentamente a proponer dejar la criminalización de los usuarios de drogas, con medidas como la despenalización de la tenencia para consumo personal. Y ambos fueron respondidos por actores diversos, desde organizaciones como WOLA, TNI o Intercambios hasta los mismos gobiernos latinoamericanos. Las iniciativas que plantean abordajes alternativos a la respuesta punitiva fueron debatidas en el primer trimestre del año en paneles y jornadas en Costa Rica, Brasil, Perú y México. Y llegó desde este país también una carta que recorrió el mundo: basta a los crímenes en Ciudad Juárez en nombre de la lucha contra el narcotráfico. Todo esto será además tema central en la II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas que desde una clara perspectiva de reducción de daños se realiza este año en Río de Janeiro en el mes de agosto. Crisis. Paradigmas en pugna. Y oportunidad para que avancen respuestas basadas en la evidencia, más efectivas y respetuosas de los derechos humanos.   SUMARIO   53 Sesión de la Comisión de Estupefacientes   ¿Flexibilización del control o diferentes abordajes? Este debate recorrió la 53 sesión anual de la Comisión de Estupefacientes (CND), igual que fuertes discusiones por la mención explícita a los derechos humanos y la reducción de daños en la resolución sobre acceso universal. Argentina presentó una queja por el informe anual de la JIFE. Y Uruguay defendió que "no hay un único abordaje" de los problemas asociados a las drogas. Costa habló de "neocolonialismo" Del 8 al 12 de marzo en Viena se realizó la 53 Sesión de la CND, con la presidencia este año del embajador Ali Asghar Soltanieh de la República islámica de Irán. En su discurso anual, el director ejecutivo de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) Antonio María Costa asoció a la "proliferación de las drogas" con el neocolonialismo. "El mundo en vías de desarrollo carece de los servicios de tratamiento y de la aplicación de leyes para el control de drogas. Parece que esto es olvidado por los países ricos, que piden se relajen las políticas de control de drogas. ¿Por qué condenan el tercer mundo, ya devastado por tantas tragedias, al neocolonialismo de la dependencia de las drogas?", señaló a alusión a las propuestas de descriminalizar la tenencia de drogas para consumo personal y el avance de la perspectiva de reducción de daños que muy lentamente vienen logrando mayor inclusión en los debates y definiciones. A la vez, recordó que algunas drogas prohibidas deben habilitarse para los tratamientos de alivio al dolor, como es el caso de la morfina, y reclamó mayor respeto a los derechos humanos de los usuarios de drogas. Argentina respondió a la JIFE La delegación argentina dedicó parte de su presentación a responder al informe anual de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), que se conoció en el verano, donde observa con "preocupación" el fallo de la Suprema Corte sobre tenencia para consumo personal (ver nota aparte). "Argentina tiene una historia larga y fructífera de colaboración con la JIFE y se asegura de que sus recomendaciones sean aplicadas", señaló la delegación antes de indicar que el informe generó "sorpresa y frustración" en el país. Los representantes del estado argentino afirmaron que el país "elaborará una respuesta formal" para solicitar a la Junta que reconsidere su posición. Y concluyeron: "Un sistema internacional verdaderamente eficiente debe tener como guía los criterios de diálogo y trabajo conjunto. Los juicios sin fundamento sólo contribuirán a deteriorar el buen funcionamiento de esta Junta". Uruguay: No hay un conflicto armado 'No hay "guerra contra las drogas', porque no es un conflicto armado. Es un fenómeno social complejo. Tenemos que escuchar todas las voces", planteó la delegación del Uruguay al presentar sus avances. Y señaló que su país "ha puesto en práctica una estrategia integrada" que incluye lucha contra el narcotráfico, blanqueo de dinero, y promoción, tratamiento y políticas de reducción de daños para usuarios de drogas. Además, destacaron que "no existe un modelo único de abordaje", sino opciones políticas. "El mejor es el construido en la comunidad y con la participación de los ciudadanos, incluidas las y los usuarios de drogas", señalaron antes de concluir abogando por el "derecho a la vida y a un proceso justo". Derechos humanos y acceso universal El tercer día, la Unión Europea, Noruega y Tailandia con Uruguay y Argentina como copatrocinantes presentaron un proyecto de resolución bajo el título "Logro del acceso universal a servicios de tratamiento, atención y apoyo para personas con el VIH, incluidos los consumidores de drogas inyectables, en 2010". La discusión sobre los términos "derechos humanos" y "reducción de daños" llevó dos jornadas de debate. Pakistán, Rusia, Irán, Zimbawe y China argumentaron que "la CND debe limitar su mandato a las drogas, no a los derechos humanos" mientras Reino Unido, España, Uruguay y Argentina señalaron que "la ONU había acordado ya que el VIH y los derechos humanos están vinculados". En el documento final quedó explicitado que "la plena realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales es un elemento esencial en la respuesta mundial a la pandemia del VIH / SIDA, en particular en las áreas de prevención, atención, apoyo y tratamiento". En cuanto a la reducción de daños, no quedó nombrada en la resolución que sin embargo señala: "Todos los países deberían esforzarse por conseguir el estándar alcanzable más alto de estado físico y salud mental, reconocido en los instrumentos internacionales relevantes" y reconoce además el papel de los usuarios de drogas al mencionar "la importancia central de promover la participación significativa de las personas que viven con o están afectadas por el VIH" en la construcción de respuestas a la epidemia. Eventos satélites De las actividades paralelas pero incluidas en la sesión, dos sobresalieron: el encuentro sobre "Acción para el acceso a drogas opiáceas: historias de éxito" y la presentación de la Guía sobre Política de Drogas elaborada por el IDPC. En el primer caso, la jornada se centró en un planteo: lograr reformas legales para garantizar el acceso a drogas controladas para usos medicinales que "cuando se hace en forma responsable no lleva a desviaciones ni mal uso", argumentaron los organizadores de esta actividad co esponsoreada por el Consorcio sobre Acceso y Control de Drogas (DCAM) y el Open Society Institute. La primera edición de la Guía sobre Políticas de Drogas del IDPC (IDPC Drug Policy Guide) apunta a decisores en políticas públicas y está organizada en cuatro secciones: 1) Principios para Políticas de Drogas Eficaces; 2) Derecho penal; 3) Salud y Programas Sociales y 4) Refuerzo de Comunidades. Se puede bajar en inglés de: http://www.idpc.net/publications/idpc-drug-policy-guide-version-1 Próximamente estará disponible la versión en castellano. CNDblog 2010 Una iniciativa que se consolidó durante la 53 Sesión de la CND es el blog de actualización constante. Ya en 2009 se había realizado, pero este año la Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA) y el IDPC volvieron a sostener el blog con actualización constante de cada uno de los debates que se produjeron del 8 al 12 de marzo en Viena. "Se trata de un mecanismo de información, pero también de transparencia", explicaron sus organizadores. El blog puede consultarse en: http://www.cndblog.org.   SUMARIO   JIFE: diversas voces en respuesta a su informe anual   "Va contra los avances logrados en la región" Las críticas de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU a las políticas tendientes a la descriminalización de la tenencia de drogas para consumo personal en Argentina, Brasil y México generaron una dura respuesta por parte de organizaciones de la sociedad civil de todo el mundo. El Informe Anual de la Junta de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) de la ONU, publicado el 24 de febrero, no pasó inadvertido para activistas y expertos en políticas de drogas. Diversas voces se levantaron para responder a lo que se considera "un peligroso avance sobre los derechos de los países a legislar de manera soberana en esta materia". El gobierno argentino incluso respondió durante la 53 sesión de la Comisión de Estupefacientes en Viena (ver nota aparte). La JIFE cuestionó a los gobiernos de Argentina, Brasil y México por las políticas tendientes a descriminalizar la tenencia de drogas para consumo personal, a la vez que volvió a censurar a Bolivia debido a la práctica del acullico (mascado de coca) y otros usos tradicionales. Una intromisión "inmerecida" El Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) emitieron un comunicado conjunto en el que señalan que las críticas realizadas "sobrepasan el mandato de la JIFE y constituyen una intromisión inmerecida en la toma de decisiones" de los gobiernos. Las organizaciones destacan el caso de Argentina, donde el año pasado la Corte Suprema de Justicia declaró inconstitucional el castigo de la tenencia de cannabis para uso personal. Martín Jelsma, Coordinador del Programa sobre Drogas y Democracia del TNI, advirtió que la Junta "no tiene ni el mandato ni el conocimiento suficiente para disputar tal decisión", y calificó la actitud del organismo como una "interferencia arrogante". Sin errores de interpretación Por su parte, Intercambios Asociación Civil consideró que el informe "va contra los avances logrados en políticas de drogas en la región". En respuesta a la preocupación de la JIFE por potenciales interpretaciones erradas del fallo, Intercambios recordó que "la Corte Suprema de Justicia es la máxima autoridad del Estado argentino con facultad de interpretar la ley". Graciela Touzé, presidenta de la organización, remarcó que "el artículo 3 de la Convención de 1988 asevera de forma explícita que las medidas para criminalizar la posesión para consumo personal están sujetas a las definiciones de cada país". Consecuencia de la guerra contra las drogas Finalmente, el Centro de Investigación "Drogas y Derechos Humanos" (CIDDH) con sede en Perú expresó que "los cambios legales que vienen ocurriendo son consecuencia del fracaso de la guerra que plantea el sistema de la ONU y entidades como la JIFE en los países de América Latina". En referencia a las reformas llevadas a cabo en Ecuador, Bolivia y Argentina, la organización explicó que "no sólo se trata de un tema de interpretación", como dice la JIFE, sino que "son consecuencia de las cifras obtenidas en el pasado, los impactos negativos de las políticas (derechos humanos, corrupción, violencia), así como los escasos resultados contra el verdadero crimen organizado."   SUMARIO   ¿Cómo frenar la guerra contra las drogas?   Se extiende el debate en Latinoamérica En foros y conferencias cada vez suenan más fuerte las políticas alternativas a la represión como único abordaje de los problemas asociados a las drogas. En el primer trimestre de 2010, se realizaron paneles y jornadas en Costa Rica, Brasil, Perú y México. Costa Rica: sesión en CONCASIDA El 4 de marzo último, en el marco de CONCASIDA 2010, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) e Intercambios Asociación Civil organizaron la Sesión Satélite sobre Políticas de Drogas, VIH y Derechos Humanos. Fue la única actividad que incluyó el tema Drogas dentro del Congreso realizado en Costa Rica. Al evaluar el encuentro, Pablo Cymerman, integrante de Intercambios, señaló: "Si bien sería necesaria una mayor atención a este sector en la agenda del VIH, es valorable que se haya comenzado a introducir el tema". De la mesa participaron, además de Cymerman, la salvadoreña María Dolores Pérez-Rosales (OPS), José Vila del Castillo (ONUDD), Pascual Ortells Cabrera (Fundación Nimehuatzin) de Nicaragua y el mexicano Pablo Torres Aguilera (Youth RISE). Todos expresaron la necesidad de "llevar a cabo acciones focalizadas" para atender con mayor eficacia a un segmento que presenta alta vulnerabilidad. Brasil: comisión con ejes precisos La Comisión Brasilera sobre Drogas y Democracia, realizó el 26 de febrero su tercera reunión en Río de Janeiro, que giró alrededor de ejes precisos: 1) descriminalización del consumo con un pasaje del tema del campo judicial hacia el área de Salud; 2) implementación de una política de reducción de daños y 3) reglamentación de la ley que regula las políticas de drogas en el país, diferenciando a los consumidores de los traficantes, y a estos últimos según mantengan el control armado en sus territorios. El ex presidente Fernando Henrique Cardoso, afirmó: "Poco a poco fui tomando conciencia de las consecuencias de la represión a las drogas, y percibí que es una estrategia poco eficaz ". El ex mandatario citó el ejemplo de Portugal, que modificó su política en 2001 con resultados positivos, y sintetizó su postura al finalizar: "La guerra contra las drogas y el prohibicionismo no nos van a ayudar. Necesitamos caminos alternativos". Perú: conferencia sobre legislación Convocados por el Centro de Investigación Drogas y DDHH (CIDDH), el Transnational Institute (TNI) y la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), se reunieron en Lima expertos, funcionarios y operadores judiciales de siete países de América Latina para discutir y analizar las iniciativas de reformas en la legislación en Ecuador, Argentina y Brasil. Según los organizadores, estos cambios asoman desde una perspectiva de derechos humanos y parten de la búsqueda de mayor proporcionalidad y racionalidad entre los actos cometidos y la sanción que impone la ley. En el encuentro, realizado el 8 de febrero, expusieron sus puntos de vista Pien Metaal (TNI), Coletta Youngers (WOLA), Ricardo Soberón (CIDDH, Perú), los ecuatorianos Nestor Arbito, ministro de Justicia y Derechos Humanos y Fredy Rivera, subsecretario de Coordinación Política del Ministerio de Gobierno, la funcionaria argentina Mónica Cuñarro, Ana Paula Hernández (CUPIDH, México), Luciana Boiteux (Universidad de Río de Janeiro), Rodrigo Uprimny (DeJusticia, Colombia) y Diego Giacoman, investigador y consultor boliviano, además de funcionarios y legisladores peruanos. México: en el ojo de la tormenta En medio de la grave crisis desatada por el problema del narcotráfico, que puso en jaque al gobierno mexicano, el 22 y 23 de febrero el Colectivo por una Política Integral Hacia las Drogas (CUPIHD) realizó el encuentro "Vientos de cambio. La política de drogas en el mundo". En la primera jornada se abordó la situación internacional y regional, con la participación del ex presidente colombiano César Gaviria Trujillo y los expertos Jorge Castañeda Gutman (Universidad de Nueva York), Ricardo Soberón (CIDDH Perú), Pablo Cymerman (Intercambios Argentina), Luiz Paulo Guanabara (Psicotropicus de Brasil), Pien Metaal (TNI Holanda), Coletta Youngers (WOLA) y Ethan Nadelmann, (DPA Estados Unidos). El segundo día se dedicó a la problemática mexicana; funcionarios, investigadores e integrantes de las organizaciones sociales analizaron la delicada actualidad de ese país y cómo revertir la situación.   SUMARIO   CICAD revisa su política   La OEA podría aprobar nueva estrategia regional En junio, cuando se realice la próxima asamblea general de la OEA, la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) presentará una nueva propuesta de lineamientos en políticas de drogas. Se espera un cambio de estrategia y mayor lugar para las organizaciones de la sociedad civil. Hace casi un año, la Organización de Estados Americanos (OEA) se propuso elaborar una nueva estrategia para abordar la problemática de las drogas en la región. Se trata, según postuló el Secretario General José Miguel Insulza en mayo de 2009, de impulsar una acción "mucho más integral y equilibrada, que considere de manera importante la reducción de la demanda como un objetivo principal", en reemplazo de la denominada "Estrategia Antidrogas en el Hemisferio", adoptada en 1996. La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) encargó a Brasil coordinar la redacción de un borrador para una nueva estrategia y plan de acción. En tres reuniones de trabajo en San Pablo, Miami y Washington respectivamente, ajustaron el texto del preámbulo y los capítulos sobre fortalecimiento institucional, reducción de la demanda, reducción de la oferta, medidas de control y cooperación internacional. El próximo paso es presentar un borrador para su revisión y aprobación por parte de la CICAD en mayo, durante su período ordinario de sesiones, tras lo cual se enviará el documento a la Asamblea General de la OEA para su ratificación en el mes de junio. Participación de la sociedad civil Mientras tanto, José Miguel Insulza, reelecto al frente del organismo, destacó el rol que juegan las organizaciones de la sociedad civil y señaló que en los últimos años ha intentado dar participación a algunas de ellas "en temas tan importantes como la corrupción, el seguimiento de la convención de Belem do Para sobre la violencia contra la mujer, y en temas vinculados al crimen, el narcotráfico y la pobreza". Sin embargo, tanto él como el Secretario General Adjunto Albert Ramdin admitieron que hasta ahora no es suficiente. "No llegamos al objetivo final, podemos hacer las cosas mucho mejor y queremos reforzar la alianza estratégica que tenemos", apuntó Ramdin. Diversas organizaciones reclamaron en forma reiterada que la CICAD comience a ser más receptiva respecto de la sociedad civil.   SUMARIO   México: una carta denuncia la tragedia de Ciudad Juárez   Consecuencias de las políticas represivas La "guerra contra las drogas" ha costado la vida de más de 16.000 personas en 2008 y 2009 en todo México (4250 sólo en Ciudad Juárez). Por eso, la carta difundida por María Teresa Almada Míreles, directora de CASA Promoción Juvenil, recorrió el mundo. Su testimonio refleja el dolor y denuncia las consecuencias para la población de la avanzada represiva. Los efectos devastadores de la política represiva que viene aplicando el gobierno mexicano desde hace tres años para enfrentar los problemas asociados a las drogas impactaron una vez más sobre Ciudad Juárez el pasado 1 de febrero, cuando un grupo de 15 adolescentes y 3 adultos fueron asesinados en un episodio ligado al "control del narcotráfico". Según la situación descripta en su misiva por María Teresa Almada Míreles -profesora de la Universidad Autónoma de esa ciudad, luchadora social y directora de CASA Promoción Juvenil AC-, 116.000 viviendas quedaron vacías por el éxodo producido en los últimos dos años. El miedo, asegura, es "un sentimiento permanente en la población juarense". Luego plantea: "Llevamos dos años con miles de soldados y policías en la calle, soportando retenes y abusos y la pregunta que nos hacemos muchos es ¿a quien combaten?, porque hasta ahora no los hemos visto en ninguna acción contra narcotraficantes y, como decía alguien, se han vuelto especialistas en la escena del crimen, a la que procuran llegar un buen rato después, para asegurarse que los asesinos se han ido." Como cierre, revela la propia tragedia personal: "En mayo pasado, cuando asesinaron a su padre, mi hijo me lanzó la pregunta '¿Mamá y no nos vamos a ir a otra ciudad?' Yo le contesté que era importante quedarnos para luchar por que las cosas cambiaran en nuestra ciudad. Hoy siento que el tiempo y las fuerzas se nos agotan y Ciudad Juárez se nos muere de tristeza."   SUMARIO   II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas   Este año el debate se muda a Río de Janeiro Tras el debut que tuvo lugar el año pasado en Buenos Aires, con más de 650 participantes y más de 20 panelistas de 11 países, Intercambios en asociación con Psicotropicus reunirá en agosto en Río de Janeiro a funcionarios, académicos, activistas y profesionales para debatir las políticas de drogas. La manera de encarar la problemática de las drogas continúa en intenso debate en la región. Las medidas tomadas por los gobiernos generan debates a nivel político, en los medios y en la sociedad civil. La II Conferencia Latinoamericana y I Conferencia Brasilera sobre Políticas de Drogas, que tendrá lugar en la Universidad Federal de Río de Janeiro los días 26 y 27 de agosto, será un ámbito unificado para todas estas discusiones, ya que confluirán allí los más importantes especialistas en la materia. La I Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas convocó el año pasado en Buenos Aires a más de 650 participantes, y su amplia repercusión ayudó a que la despenalización de la tenencia de drogas para consumo personal se instalara en la agenda de los medios latinoamericanos. El objetivo es que el nuevo encuentro también se convierta en una caja de resonancia en una región que de a poco intenta dejar atrás las políticas represivas que no hacen más que empeorar la situación, para abordar el tema Drogas desde una perspectiva sanitaria, respetando los derechos humanos de los consumidores. Quienes deseen obtener más información y acceder a los formularios de inscripción, deberán ingresar a www.conferenciadrogas.com.   SUMARIO   Intercambios participa en investigación impulsada por la FIUC   Estudio sobre políticas de drogas a nivel mundial Con apoyo de la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) y hasta 2013 se realizará en nueve países del mundo un estudio sobre políticas y prácticas en materia de drogas. Participan desde Argentina hasta el Líbano. El objetivo de la investigación es aportar información y conocimientos que contribuyan a la reducción de la demanda. Con el objetivo de continuar la labor que viene desarrollando en este campo desde 1988, la Federación Internacional de Universidades Católicas (FIUC) ha propuesto un nuevo proyecto de investigación denominado "Estudios sobre las políticas y las prácticas en materia de toxicomanías. La Universidad Católica en diálogo con los actores políticos y sociales". Intercambios formará parte de este proyecto, que tendrá una duración de tres años, junto a universidades de Brasil, Colombia, Bolivia, India, Tailandia, Indonesia, Filipinas y Líbano. El Centro Coordinador de la Investigación puntualizó que en esta ocasión "ha considerado oportuno situarse desde la perspectiva de las políticas relativas a las toxicomanías y su eventual contribución a la reducción de la demanda". El trabajo se encara con la expectativa de "obtener elementos que permitan conocer mejor el fenómeno y vislumbrar la manera de influir con mayor éxito en la elaboración de políticas" a nivel local, nacional e internacional. Durante un encuentro realizado hace un año en Bangkok entre los colaboradores de la FIUC procedentes de Asia, Oriente Medio y América Latina, se estableció la necesidad de salir de las estrategias represivas y reafirmar que los consumidores de sustancias psicoactivas deben ser reconocidos como personas con una auténtica necesidad de asistencia. También se abogó por un incremento de la cooperación entre científicos, trabajadores sociales, profesionales del mundo sanitario y político.   SUMARIO   Intercambios y Punto Seguido con apoyo de OSI   Curso virtual en Políticas de Drogas, VIH y Derechos Humanos El 11 de mayo comienza la primera edición de una nueva capacitación virtual dirigida a activistas y profesionales que se desempeñan en ámbitos vinculados a las políticas e intervenciones en materia de drogas y/o VIH. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Fundación Open Society Institute y se otorgan becas para participantes de toda la región. "Políticas de Drogas, VIH y Derechos Humanos - Aportes para la reflexión y la acción" es el nombre del curso virtual que comenzará el 11 de mayo. El objetivo es convocar y capacitar a las personas interesadas en la problemática de las drogas desde una perspectiva de defensa de los derechos humanos. La inscripción está en marcha y se otorgarán becas totales a miembros de instituciones y organizaciones vinculadas a la temática del curso. El equipo docente está integrado por Alejandro Corda, Paula Goltzman, Diana Rossi, Graciela Touzé y Marcela Vitarelli Batista, con la coordinación académica a cargo de Graciela Touzé. El campus virtual cuenta con herramientas disponibles para los participantes, tales como tutorías, correo interno, foros de debate, biblioteca y café virtual. Para realizar el curso no se requieren conocimientos especiales de informática. El requisito técnico es una computadora conectada a Internet. Cada participante puede elegir el momento que le queda más cómodo para conectarse, leer e interactuar en el campus virtual. Para obtener más información, escribir a: políticadrogasyddhh@puntoseguido.com o consultar en http://www.puntoseguido.com/cursos_detalle.asp?curso_id=69. Para el formulario de solicitud de beca, dirigirse a: lista@intercambios.org.ar hasta el 25 de abril.   SUMARIO   BREVES   Se crea organismo de salud mental y adicciones. Mediante el decreto 457/2010 del 5 de abril último, el Estado argentino creó la Dirección Nacional de Salud Mental y Adicciones, que dependerá de la Secretaría de Determinantes de la Salud y Relaciones Sanitarias del Ministerio de Salud de la Nación. En los considerandos, se señala "la necesidad de fortalecer las políticas públicas de salud mental, especialmente el cumplimiento de los derechos de las personas con padecimientos mentales o adicciones". El gobierno asegura que la medida contribuirá a "una mejor respuesta a las demandas que se presenten en mat eria de atención primaria de salud mental y de diversas adicciones". Activista perseguido. El sitio inglés TalkingDrugs.com denunció que el psicólogo uzbeko Maksim Popov, líder de la ONG Izis, conocida por su trabajo con cambiar adictos por usuarios de drogas y trabajadores sexuales con el fin de impedir la transmisión de VIH/SIDA, fue injustamente encarcelado como parte de la persecución a la cual el gobierno de ese país somete a las ONGs. Popov fue condenado a 7 años por cargos de dudosa validez, luego de que Izis difundiera un folleto que fue considerado ofensivo por parte de las autoridades. TalkingDrugs impulsa una campaña online en su apoyo.   SUMARIO   AGENDA   21° Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Reducción de Daños (IHRA) Liverpool, Inglaterra, 25 al 29 de abril de 2010 http://www.ihra.net/Liverpool/Home XVIII Conferencia Internacional de SIDA Viena, Austria, 18 al 23 de julio de 2010 http://www.aids2010.org/ I Congreso Internacional de Prevención y Asistencia en Adicciones Mendoza, Argentina, 26 al 28 de julio de 2010 http://congresoadicciones2010.mendoza.gov.ar II Conferencia Latinoamericana sobre Políticas de Drogas Río de Janeiro, Brasil, 26 y 27 de agosto de 2010 http://www.conferenciadrogas.com 8va. Conferencia Nacional de Reducción de Daños Austin, Texas, EEUU, 18 al 21 de noviembre de 2010 http://www.8thnationalharmreductionconference.com/   SUMARIO
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DROGAS: Declaración de Lugo sobre la prevención y el tratamiento del uso y la dependencia de drogas...

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DECLARACIÓN DE LUGO
DECLARACIÓN DE LUGO SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL USO Y LA DEPENDENCIA DE DROGAS

23 de abril de 2010, Lugo, España

 

DECLARACIÓN DE LUGO SOBRE LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DEL USO Y LA DEPENDENCIA DE DROGAS

 

Nosotros, alcaldes y alcaldesas de las ciudades de Europa, América Latina y el Caribe, responsables del diseño de políticas públicas y expertos nacionales, reunidos en Lugo, España, en el marco de la iniciativa "EU-LAC Alianzas de Ciudades en Tratamiento de Drogas", reconocemos que las políticas y programas de reducción de la demanda de drogas, deben ser amplias, de largo plazo e incluir la promoción de estilos de vida saludables, la prevención del uso y abuso de drogas, el tratamiento y la rehabilitación de las personas dependientes de las drogas, así como la oferta de servicios de apoyo a la recuperación en la comunidad. 

Durante los últimos tres años, hemos enfocado nuestros esfuerzos en mejorar las políticas y programas de prevención y tratamiento del consumo y abuso de drogas a nivel de nuestras ciudades.

Hemos puesto en común nuestros planes municipales de prevención de drogas y alcohol, dirigidos especialmente a los jóvenes, con apoyo de la comunidad.

Hemos también visto la importancia de proveer, a nivel municipal, el tratamiento y rehabilitación de las personas que dependen de las drogas.

Hemos podido apreciar, a través de los diagnósticos del estado del tratamiento por drogas realizados en nuestras ciudades, que nuestros servicios de atención al drogodependiente y la formación de nuestros recursos humanos pueden beneficiarse del intercambio de buenas prácticas e información entre expertos de ambos lados del Atlántico.

Estamos muy agradecidos a la Unión Europea por su apoyo y su financiamiento de EU-LAC: Alianza de Ciudades en Tratamiento de Drogas, durante los últimos tres años.

También estamos muy agradecidos a la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD), Secretaría de Seguridad Multidimensional de la Organización de los Estados Americanos, por su liderazgo en la organización y ejecución de esta iniciativa.

Hemos llegado a la conclusión de que las políticas sobre drogas deben estar basadas en la evidencia científica.  Esta evidencia nos demuestra que la dependencia de drogas es una enfermedad crónica y recurrente que necesita atención por parte de los profesionales del área de la salud, y del apoyo de aquellos servicios sociales y del bienestar que ponen las ciudades y sus instituciones al alcance del ciudadano.

Es necesario trabajar en la eliminación del estigma y la exclusión social que todavía se asocian a las personas que usan y dependen de las drogas e impiden su recuperación y plena participación como miembros productivos de la comunidad. 

Siendo complejas las razones que explican la dependencia de drogas, reconocemos que la terapia y la recuperación deben ser necesariamente también complejas y con múltiples opciones de abordaje. 

Estamos convencidos de que ayudar a las personas a recuperarse de su enfermedad de dependencia de drogas implica la asignación de recursos gubernamentales tanto locales, como regionales y nacionales, con especial énfasis en los servicios de carácter comunitarios, de atención a la salud, asistencia social, vivienda, empleo y educación.  Los recursos que se invierten en los servicios de recuperación se traducen en beneficios para la sociedad en su conjunto, al reducir los costos asociados con la dependencia.

Estamos de acuerdo que las políticas sobre drogas funcionan mejor cuando forman parte de las políticas sociales en general, integrando las labores de tratamiento de drogas y de la rehabilitación, en colaboración con los servicios sociales. Una respuesta integrada de salud para la adicción es una alianza plena entre el gobierno y la sociedad civil, con el propósito común de mejorar las condiciones de vida de cada individuo y de sus familias.

Estamos también convencidos de que la cooperación, la comunicación y la claridad en los papeles que desempeñan las distintas instituciones, son claves para el éxito del tratamiento de la dependencia de drogas, tanto en el nivel local como en el nivel central. 

Acogemos con satisfacción la cooperación mancomunada de las organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, en la oferta y el apoyo a la prevención, tratamiento y rehabilitación de los problemas de drogas de nuestros ciudadanos.

Manifestamos nuestro apoyo a iniciativas internacionales que fomenten la colaboración y el intercambio de buenas prácticas entre organismos e individuos de los niveles locales, en el entendido de que son éstos los más cercanos a las necesidades de sus ciudadanos.  Por ello, proponemos a nuestros gobiernos nacionales que sus políticas sobre drogas, con especial énfasis en aquellas de reducción de la demanda, contemplen el fomento y la continuidad de iniciativas como la de EU-LAC Alianza de Ciudades en Tratamiento de Drogas que nos ha reunido estos días en Lugo.

Afirmamos nuestro agradecimiento a la Ciudad de Lugo y a sus ciudadanos, en representación de las más de 40 ciudades que a lo largo de estos años se han comprometido a esta iniciativa multilateral, por su empeño en acercar a nuestros pueblos de Europa, América Latina y el Caribe.

Estamos comprometidos a traducir nuestros intercambios de experiencias transatlánticos en planes y acciones concretas para el futuro.

Para ello, declaramos la creación de la Alianza EU-LAC, Ciudades por la Reducción de la Demanda de las Drogas, que será firmada en septiembre de 2010 en Coimbra, Portugal, dirigida a fomentar a nivel municipal políticas públicas, planes y acciones en la prevención del consumo de drogas y alcohol y el tratamiento de las personas dependientes de drogas y su reinserción social. Esta Alianza EU-LAC se compromete a intercambiar experiencias en reducción de la demanda de las drogas basadas en evidencia científica, respetando los derechos humanos de los individuos.

Hecho en Lugo, España, el día 23 de abril de 2010

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Don Ramón no pagará la "renta" en El Salvador

LCV.- Un movimiento ciudadano en El Salvador lanzó recientemente una iniciativa para que los ciudadanos rechacen las acciones violentas de las pandillas que operan en el país.

A través de la imagen del popular vecino del Chavo del Ocho, Don Ramón, la campaña inundó las calles del país centroamericano invitando a no pagar la renta, que en el lenguaje local significa no pagar las extorsiones de los grupos criminales.

"Aquí todo el mundo es extorsionado, pero nadie habla de eso, existen un manto de silencio sobre este tema", le dijo a La Colmena Virtual uno de los miembros de la iniciativa, quien pidió reserva de su identidad.

Las dos pandillas más grandes son la Mara Salvatrucha –MS13-  y La 18. Estos "señor Barriga" de la violencia diariamente se encargan de cobrarles la "renta" a los comerciantes, empresarios y conductores de transporte público. La venta de drogas, el tráfico de armas y asesinatos selectivos son también algunas de las actividades criminales de estos grupos.

Hasta hace unos años, todos los miembros de las pandillas eran tatuados para identificar el clan al que pertenecían, pero en la actualidad ya no recurren a los tatuajes para evitar ser identificados por la policía.

El movimiento en las últimas semanas se dio a conocer gracias a las vallas y los carteles que tenían la imagen del mítico personaje de Don Ramón, crado por Roberto Gómez Bolaños e interpretado por Ramón Valdés, que siempre encontraba una excusa para no pagar la renta, el alquiler, del apartamento en el que vivía en la vecindad del Chavo.

Bajo el lema "Yo no me dejo rentear", la iniciativa ha logrado reunir a más de 12.000 personasen su página de Facebook, quienes esperan con esta propuesta reducir la delincuencia en sus ciudades.

El proyecto que hasta ahora está en su etapa inicial, busca convocar a una concentración de personas para hacerles saber que no quieren más ese tipo de actos contra la ciudadanía. "Una cosa es decir que apoyas la causa en Facebook y otra es mostrar la cara en la calle. Todo es un proceso, pero estamos trabajando en eso", aseguró el miembro de la iniciativa.

Israel Green, miembro del grupo "Don Ramón", aseguró que en la actualidad quienes no pagan las rentas ponen en juego sus vidas. "Me gusta el movimiento, es pacífico, pero creo que con los mareros (miembros de las maras) no se puede negociar", puntualizó el joven estudiante de 20 años.

Para Emerson Fuentes esta propuesta puede ser positiva. "Espero con esta campaña los extorsionistas recapaciten y vean que el pueblo salvadoreño repudia y aborrece estas acciones", comentó el joven originario del Salvador, pero que reside en Estados Unidos.

Por su parte el Estado ha adelantado una serie de proyectos que buscan reducir el ingreso de adolescentes y jóvenes a estos grupos de crimen organizado.

Aida Santos de Escobar, presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública en El Salvador, le dijo a LCV: "Evitar que los jóvenes entren a las pandillas es imposible, pues no sabemos el momento exacto en que ingresan, pero sí podemos prevenir, darles a conocer los riesgos de hacer parte de un grupos de estos".

Por ahora, Don Ramón seguirá apareciendo en las calles de El Salvador, como ejemplo de una iniciativa que busca crear conciencia de una lucha que recurre a la violencia para hacerse sentir en el territorio.

"Guerra" antidrogas: intervención USA

FUENTE: http://iblnews.com/view.php?id=525530 "Guerra" antidrogas: intervención USA

De:	Nydia Egremy
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"Guerra" antidrogas: intervención de Estados Unidos Nydia Egremy  4 Abril 2010 La estrategia militar contra el narcotráfico no combate al sistema económico-financiero de las organizaciones delictivas ni busca terminar con el consumo de las sustancias ilícitas; en cambio, deja numerosas violaciones a los derechos humanos de la población, aseguran especialistas. El país en "guerra" está desindustrializado, tiene la mayor pérdida de población en el mundo por la emigración, su economía apenas crecerá el 2 por ciento anual en las próximas dos décadas y en su territorio operan cientos de agentes estadunidenses para evitar que las drogas lleguen a sus consumidores La "guerra" mexicana contra el narcotráfico le permite a Estados Unidos intervenir en las políticas de seguridad nacional, procuración de justicia, defensa y derechos humanos de México. Aunque es el principal país consumidor a nivel mundial de drogas, abandonó el concepto de "guerra contra las drogas" en su política interior e impidió que su ejército combatiera a los narcotraficantes. Sin embargo, avaló la estrategia militar del Ejecutivo mexicano porque favorece su interés de promover un Estado policiaco y subordinado en esa región. Para alcanzar ese propósito, Estados Unidos lanzó una estrategia cuya primera fase responsabiliza a México de esa situación. La segunda fase difunde la presunta debilidad de las fuerzas armadas y de seguridad para combatir al narcotráfico, lo que justifica la injerencia de las instituciones de seguridad estadunidenses en el territorio nacional, señala Alberto Montoya Martín del Campo, investigador de la Universidad Iberoamericana. La última fase del proceso, la cesión total de la soberanía de México, se alcanza cuando las instituciones responsables de contener al crimen organizado, el Ejército y los cuerpos policiacos, se someten a Estados Unidos al autorizarle realizar operaciones militares en territorio mexicano, incluso, instalar sus bases, explica Montoya. Estados Unidos utilizó durante los últimos 25 años el concepto de "guerra" contra el narcotráfico frente al creciente consumo de drogas ilegales que amenazaba su seguridad pública; sin embargo, las propias autoridades declararon nula esa concepción. En mayo de 2009, Gil Kerlikowske, director de la Oficina Nacional de Política de Control de Drogas de la Casa Blanca, declaró: "No importa cómo se intente explicar a la gente si es una guerra contra la droga o contra el producto; la gente lo ve como una guerra contra ellos. No estamos en guerra contra la gente de este país". En consecuencia, el nuevo enfoque estadunidense busca reducir el consumo, dar prioridad al tratamiento y disminuir la encarcelación. En junio de 2009, Andrew Selee, director del Instituto México del Centro Woodrow Wilson, admitió: "Aunque hace 20 años el combate al tráfico de drogas ilegales y a los grupos delictivos trasnacionales era un tema más en la agenda binacional, actualmente es el prioritario". Selee explicó que su país no teme el ingreso de terroristas a su país desde México, sino que cruce su frontera sur la escalada de violencia –secuestros, desapariciones y homicidios–. Ante tal expectativa, respaldó la cooperación de su gobierno con las autoridades mexicanas para frenar a los cárteles. El gobierno mexicano hace lo que aquel país ya dejó de hacer, pues considera que conviene a sus intereses geopolíticos, manifiesta Montoya. "Guerra" al enemigo interno La justificación del gobierno mexicano al lanzar la "guerra" contra las organizaciones del narcotráfico fue reducir su violencia. A pesar de los patrullajes y operativos del Ejército en diversas regiones del país, la violencia aumentó a niveles no observados en décadas, con más de 15 mil asesinatos en los últimos tres años, describe Montoya, autor de una investigación sobre los riesgos para la soberanía nacional de la estrategia militar contra el narcotráfico, que publicará la Universidad Iberoamericana. Al sacar a las calles al Ejército, sin tratarse de una guerra contra otra nación, la misión del Ejército Mexicano se concibe como el enfrentamiento con un enemigo interno, que pone en riesgo a la seguridad nacional. Esa estrategia, señala el académico, afecta "severamente al Ejército", pues lo expone al poder corruptor de la economía criminal, a la vez que lo lleva a un terreno estratégico ajeno a su mandato constitucional. Además, anualmente desertan del cuerpo castrense unos 20 mil elementos, casi 150 mil en los últimos ocho años. Ese fenómeno debilita al Ejército –una institución que debía ser formadora de ciudadanos comprometidos con los más altos valores cívicos y morales–. En los hechos, se convierte en proveedora de cuadros capacitados en las disciplinas militares que ahora se dedican a actividades criminales. También, el fracaso de la actual estrategia es "de suma gravedad para la nación", porque pone en riesgo la soberanía, manifiesta el académico. Las fuerzas armadas son el reducto fundamental para la defensa de la soberanía nacional. Una forma de vulnerarla es obligarlas a realizar tareas sin sustento en la Constitución y que, por la complejidad de su misión, no podrán lograr los objetivos propuestos. Bajo la lógica de esas acciones contra el crimen organizado, advierte Montoya, se corre el riesgo de dirigir al Ejército para contener la movilización y protesta social contra los intereses económicos de empresas globales, caciquismos regionales o acciones arbitrarias de los poderes políticos. Por su parte, Guillermo Garduño Valero, especialista en fuerzas armadas, estima que la actual estrategia federal contra los grupos del narcotráfico no es una "guerra", y menos una "guerra convencional". Explica que se trata de una guerra entre un actor no estatal, el crimen organizado, que no aspira al poder –pero sí a dominar su esfera de influencia–. En su opinión, ese combate asimétrico no necesariamente ha dado la ventaja al Estado mexicano. La actividad de esos actores no estatales tiene un carácter trasnacional, pues las cadenas del narcotráfico se extienden más allá de los límites territoriales. Para eliminarlas, el Estado requiere de acuerdos internacionales, con lo que la movilidad de las organizaciones del narcotráfico opera como una ventaja. Para el analista, la violencia actual se creó a partir "de los repartos territoriales y de los acuerdos de largo plazo" que hubo entre los capos del narcotráfico y el Estado. Sostiene que "el crimen sí paga". Los cuantiosos recursos que dispone el narcotráfico y la demanda cautiva de las drogas por la adicción de millones de consumidores "hacen imposible su desaparición por la vía armada". Finanzas, el frente olvidado Hasta ahora, ninguna fase de esa "guerra" gubernamental contra el narcotráfico ha perseguido las finanzas ni las extraordinarias ganancias que genera la economía criminal como una política pública prioritaria, destacan ambos analistas. De esa forma, los grupos del narcotráfico tienen recursos económicos suficientes para debilitar a los gobiernos, y con éstos corrompen su estructura política, militar y financiera. Alberto Montoya refiere que, según estimaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional, cuando menos medio millón de mexicanos obtienen su subsistencia a través de su participación en la producción o comercialización de drogas ilegales. Por lo tanto, el poder del narcotráfico no radica en su armamento, logística, capacidad de fuego u organización, sino en las extraordinarias utilidades que genera ese sistema de economía criminal. La economía criminal, controlada desde Estados Unidos en sus fases de consumo, trasiego y lavado de dinero, no ha sido afectada por la estrategia del gobierno mexicano. Esto permite vaticinar que en el futuro próximo seguirá la oferta de esas drogas hacia Estados Unidos, México y otras partes del mundo, advierte el analista. De igual forma, las utilidades del negocio del narcotráfico ya lavadas seguirán fluyendo para los protagonistas de esa estructura ilegal. En México, el lavado de dinero se criminalizó desde 1989. Hasta la fecha, sólo se han obtenido 47 sentencias por ese delito, aunque, en la Procuraduría General de la República, existen 496 averiguaciones previas sobre esa materia, cita el investigador. El Fondo Monetario Internacional señala que, entre 2006 y 2008, remitió 126 denuncias que podrían tipificarse como ese delito y que suman más de 31 mil millones de pesos. "El ciclo económico del sistema de economía criminal debería ser el hilo conductor de cualquier estrategia que verdaderamente tuviera el objetivo de desmantelar esta actividad", refrenda Montoya. A su vez, Guillermo Garduño Valero explica que las finanzas mundiales se apoyan en la prohibición de las drogas y su economía subterránea. Si la cocaína fuera legal, el costo de 1 kilogramo requeriría una inversión no mayor de entre 100 y 150 dólares, pero al no serlo, al salir del sitio de producción (la selva colombiana) hacia su lugar de consumo, su precio es de 2 mil 500 dólares por kilogramo, y alcanza los 132 mil dólares en el mercado al menudeo de Estados Unidos. El valor agregado del producto es que se lo aproxima al consumidor. En México, sería de unos 32 mil dólares en la frontera, y de 6 mil dólares en la capital del país. Esa cifra varía si se trata de Panamá o de otros países. Causas del fracaso Para Alberto Montoya Martín del Campo, son cuatro las causas que explican el fracaso de la estrategia mexicana contra los grupos del narcotráfico. Además de las utilidades "extraordinarias" que produce la economía criminal, están: el poder corruptor universal de esa economía, la necesidad de legitimación política del gobierno federal al recurrir a las fuerzas armadas y el interés geopolítico estadunidense por establecer lo que denomina un "Estado policiaco en México". El poder corruptor que tienen las utilidades de la economía criminal sobre la sociedad e instituciones públicas, en la generación y legitimación de sus utilidades ilegítimas, conlleva una violencia intrínseca que no resuelve las disputas por negocios y mercados por las que se lanzó esta "guerra". La decisión del gobierno de responder con tácticas militares a un problema que no puede ser resuelto por las mismas, es otra causa del fracaso, porque requiere una estrategia integral que elimine el origen criminal y sólo se interpreta como su necesidad de legitimación política. La cuarta causa del fracaso en la estrategia militar contra el narcotráfico radica en el interés geopolítico estadunidense de mantener y profundizar la dependencia económica, comercial, alimentaria, energética, mediática, industrial y política mexicanas a sus intereses. Por esa razón, refiere el académico de la Universidad Iberoamericana, el papel funcional de la economía criminal para la subordinación de México a Estados Unidos se dirige hacia el eventual control de sus fuerzas armadas, el sistema judicial y las policías mexicanas. En contraste con el auge de la economía criminal, la del Estado mexicano muestra una postración y debilidad estructural, juzga Montoya. El país se desindustrializó y es altamente dependiente en su alimentación: se importa el 25 por ciento del maíz, 60 por ciento de la carne de cerdo, 80 por ciento del arroz, 50 por ciento del trigo, y es primer importador mundial de leche. La dependencia energética se traduce en el control de firmas trasnacionales del 70 por ciento de la exploración y extracción de crudo, así como del 50 por ciento de la generación de trasnacionales; además de que se importa el 40 por ciento de la gasolina. Además, los Servicios Económicos del Grupo BBVA estiman que México crecerá en promedio 2 por ciento anual durante los próximos 20 años. Por consiguiente, para Alberto Montoya, México no es un Estado "fallido", sino uno dependiente, con limitada soberanía económica y una economía política controlada en grados diversos por intereses externos. ¿Qué hacer? Tras concluir que la actual estrategia del gobierno mexicano conduce al fracaso, Alberto Montoya propone medidas para recuperar el poder institucional y la soberanía del país: regresar el Ejército a los cuarteles; revertir las modificaciones jurídicas, institucionales y políticas que conducen a un Estado policiaco; restablecer el control del Poder Legislativo y Judicial sobre la policía y las instituciones de procuración de justicia; suspender la "ayuda" económica, militar y tecnológica que el gobierno estadunidense otorga al Ejército Mexicano para "reducir territorios ingobernados"; exigir la transparencia del sistema financiero y confiscar los bienes del sistema de la economía criminal y exhibir públicamente a las empresas que colaboran con ella. Enfatizar en la prevención, especialmente entre los jóvenes y tratar como enfermos a los adictos, pues estima que los consumidores en México equivalen al 0.40 por ciento de la población (unos 540 mil ciudadanos). Montoya se manifiesta por legalizar la producción y el consumo medicinal de la marihuana, apoyado en el resultado infructuoso de la meta de "un mundo sin drogas para 2008", que propuso, en 1998, la sesión especial de Naciones Unidas bajo la política de prohibición. Doce años después, Antonio María Costa, director de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, reconoció que el resultado imprevisto de ese control fue el fortalecimiento del crimen organizado. También recuerda que la Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, que lideran los expresidentes Fernando Henrique Cardoso, de Brasil; César Gaviria, de Colombia, y Ernesto Zedillo, de México, recomendó, como primer paso, legalizar la producción y el consumo de marihuana, considerada la droga ilegal menos peligrosa. El también docente de la Universidad Autónoma Metropolitana, Guillermo Garduño Valero, observa que Estados Unidos, el mayor consumidor de drogas ilícitas, está consciente de que éstas no pueden desaparecer súbitamente de su mercado interno. Hacerlo, dice, provocaría "un estado de ansiedad de millones de usuarios en menos de 24 horas", y todo su sistema hospitalario no alcanzaría a cubrir una emergencia de esa naturaleza. Quiénes son los consumidores El Informe 2009 sobre la situación del consumo de drogas en el hemisferio, de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas, revela que entre un 0.4 por ciento y 0.5 por ciento de la población mundial de entre 15 y 64 años aceptó haber consumido cocaína alguna vez en el último año. Eso equivale a unos 20.8 millones de personas. En América, la tasa promedio de uso supera cuatro veces la media mundial, llegando al 1.6 por ciento, es decir, casi 9.5 millones de consumidores. Esto significa que del total de consumidores de cocaína en el mundo, casi la mitad se ubica en este hemisferio; 75 por ciento de ellos en América del Norte, 24 por ciento en Suramérica y menos del 1 por ciento en América Central y el Caribe. El Informe mundial sobre drogas 2009, de la Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito, indica que los estudiantes de secundaria estadunidense figuran entre los que más fuman marihuana en el mundo. (NE) La teoría de la provocación El 14 de marzo fueron asesinados en Ciudad Juárez, Chihuahua, la empleada del consulado estadunidense Leslie A Enríquez, su esposo Arthur H Redelfs y Jorge Alberto Ceniceros, marido de una empleada mexicana del mismo consulado. Como presuntos responsables se señaló a grupos del narcotráfico. Estados Unidos desplegó una fuerza de tarea conjunta que opera en ambos lados de la frontera norte de México. Todos recaban información de inteligencia, conducen entrevistas y testimonios. Además de los agentes de la Oficina Federal de Investigaciones, participan agentes de la Agencia Antinarcóticos, la Oficina de Inmigración y Aduanas y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. También, oficiales de Seguridad Diplomática del Departamento de Estado, personal del Centro de Inteligencia de El Paso, Texas, y del Departamento del Sheriff del Condado de El Paso. Este "incidente", como lo calificó el vocero de la Casa Blanca, puede o no ser provocado de manera directa, pero se incorpora a una visión geopolítica que establece grandes objetivos y estrategias de largo plazo. A su favor, tiene el impacto en la opinión pública, explica Alberto Montoya. En la historia de las guerras de Estados Unidos con otras naciones, se ha documentado la fabricación de hechos para justificar decisiones, como los ataques a buques que precedieron a sus acciones bélicas en Vietnam, reflexiona el analista. (NE) FUENTE: CONTRALÍNEA 176 / 4 DE ABRIL DE 2010

LAS DROGAS: Boletin de Noticias de lasDrogas.info (07-04-2010)

Boletín de Noticias

[07-04-2010] La Rioja: Logroño renueva sus etilómetros para intensificar el control de alcoholemias

Tráfico cede a la Policía Local un nuevo vehículo para realizar pruebas y atajar un problema creciente en el casco urbano de la capital.

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[07-04-2010] Los fármacos, tan letales como los coches

Opioides, sedantes y tranquilizantes son un problema acuciante en occidente que genera muchas muertes.

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[07-04-2010] Una prueba identifica los pulmones más sensibles al tabaco

Un equipo de investigadores ha dado con una técnica de imagen que revela qué fumadores cuentan con más probabilidades de padecer enfisema.

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[06-04-2010] Dormir mal de niño puede derivar en consumo de alcohol y drogas

Según afirmó la doctora Maria M. Wong, profesora asociada del departamento de Psicología de la Universidad de Idaho y uno de los autores de un estudio sobre los problemas del sueño cuyos resultados serán publicados en el número de junio de "Alcoholism: Clinical & Experimental Research".

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[06-04-2010] "Efecto Woods": crece número de adictos al sexo en Reino Unido

Tras el caso del golfista, clínicas especializadas en el Reino Unido registraron un incremento de personas que buscaron ayuda.

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[05-04-2010] El consumo de estimulantes puede provocar trastorno bipolar

El uso de sustancias en un paciente con trastorno mental produce una mayor dificultad para tratar los síntomas y peor evolución clínica.

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[05-04-2010] Nueva escala para medir la adicción al trabajo

Para su diagnóstico es necesario la presencia obligada de dos elementos: compulsión y trabajo excesivo.

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[05-04-2010] Venezuela: CLIAD lanza el 5 de abril la 2ª etapa de campaña "Lazos Azules"

En declaración difundida en Caracas, la Cátedra Libre Antidrogas (CLIAD) da cuenta de que por tercer año consecutivo se colocarán los "Lazos Azules" a los estudiantes de escuelas, universidades y otros institutos educativos.

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[31-03-2010] Perú prohíbe el consumo de tabaco en todos los lugares públicos cerrados

El Congreso de Perú aprobó este martes una nueva ley que prohíbe el consumo de tabaco en todos los lugares de trabajo, hoteles, restaurantes, cafeterías, bares, casinos y discotecas.

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[31-03-2010] Murcia: El Reina Sofía duplicará el número de camas destinadas a tratar a toxicómanos

Una nueva unidad hará frente al aumento de drogodependientes que sufren algún trastorno psiquiátrico.

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[31-03-2010] Málaga (Andalucía): La demanda de prevención para estudiantes contra las drogas se dispara en un año

Se ha pasado de 3.671 alumnos formados en 2008/09 a 6.380. El descenso de la edad de inicio de consumo ha ´obligado´ a extender el programa a Primaria.

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[30-03-2010] Galicia: Fumadores por la Tolerancia asegura que solo el 23% de los gallegos apoyan la prohibición total

Tienen pensado salir a la calle si se llega a impedir totalmente el consumo de tabaco en discotecas, locales de ocio y restaurantes.

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[30-03-2010] El Gobierno británico prohibirá una droga relacionada con 25 muertes

El fertilizante logra el efecto cruzado de éxtasis y coca si se mezcla con alcohol.

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[30-03-2010] El consumo habitual de alimentos muy calóricos puede generar adicción

Un estudio en un modelo animal demuestra que la ingesta excesiva de este tipo de comida es capaz de desencadenar en el cerebro respuestas similares a la adicción.

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[29-03-2010] El tabaquismo cuesta a los españoles 5.444 millones de euros al año

Los neumólogos calculan que los gastos en 2008 fueron de 14.710 millones mientras los ingresos por impuestos fueron 9.266 millones.

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lasdrogas.info Instituto para el Estudio de las Adicciones www.lasdrogas.info
Acreditado por el Gobierno de Canarias
Patrocinado por el Plan Nacional sobre Drogas de España
Declarado de interés por el Plan Nacional sobre Drogas
Mención de Honor Premios Reina Sofía contra las Drogas

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¿Quiénes se quieren disfrazar de pandilleros?

¿Quiénes se quieren disfrazar de pandilleros?

FUENTE: http://www.elsalvador.com/mwedh/nota/nota_opinion.asp?idCat=6342&idArt=4591150

CARLOS PONCE

Máster en Criminología y Ciencias Policíacas

Miércoles 10 DE MARZO DE 2010

A principios de esta semana, un programa televisivo reveló los resultados de una encuesta desarrollada por la prestigiosa firma de sondeos Consulta Mitofsky, en la que se evaluó la opinión de los ciudadanos en relación al desempeño del Presidente Funes y el trabajo gubernamental en las áreas de economía, salud y seguridad. Entre los más importantes hallazgos presentados, figura el que aproximadamente 7 de cada 10 salvadoreños consideran que la situación de seguridad pública en el país está en decadencia. Esta cifra representa un incremento en la cantidad de personas que evalúan negativamente el tema, según lo obtenido en mediciones anteriores.

La percepción ciudadana capturada a través de dicho instrumento es congruente con la realidad planteada por la ascendente tendencia de la incidencia delincuencial, en donde el número de extorsiones y homicidios perpetrados a nivel nacional ha alcanzado niveles sin precedentes en años recientes. Sin embargo, además de enfrentar una mayor frecuencia en la comisión de ilícitos, otras encuestas similares a la antes mencionada han establecido que la población desconfía de las autoridades y opinan que su desempeño es pobre.

Los analistas explican que la ciudadanía ha percibido que lo titulares de las diferentes instituciones del sistema de seguridad han dado señales que indican que las están dirigiendo con sesgos político-partidarios. Agregan que el discurso oficial en relación al combate de la delincuencia se ha enfocado excesivamente en la prevención y no en la represión del delito, y que las diferentes y variadas iniciativas (incluyendo la última lanzada por el Ejecutivo) carecen de la estructura, cohesión y contundencia necesaria para despertar esperanza.

La semana anterior pandilleros y familiares de sus compañeros que se encuentran purgando penas dentro del sistema penitenciario, marcharon por las calles de San Salvador exigiendo diferentes prerrogativas y cambios en las prácticas correctivas en beneficio de los reos. Adicionalmente, durante su recorrido mancharon y destruyeron propiedad privada y consumieron droga al aire libre, todo ante la presencia de personal policial que se encargó de escoltar la manifestación. Algunos jefes policiales que solicitaron permanecer en el anonimato por miedo a represalias, revelaron a los medios de comunicación que habían recibido instrucciones que venían desde la Dirección General, específicamente prohibiéndoles actuar conforme dicta la ley en este tipo de incidentes.

La ciudadanía, como consecuencia, observó imágenes televisivas en donde pandilleros manchaban propiedad privada y fumaban marihuana en aparente custodia policial. Esto ha despertado un sentimiento de indignación generalizada, muy bien expresada por la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) en un comunicado publicado el pasado lunes. En cualquier conversación amistosa en diferentes contextos sociales es inevitable que se inicie una discusión sobre el tema de seguridad, la inefectividad de los planes publicados y el perfil inadecuado de los titulares de las instituciones de la cartera correspondiente. He llegado hasta escuchar a abuelas bromear que irán adonde el Director de la Policía a solicitar seguridad para ir al parque con sus nietos, engañándole argumentando que sus hijos son pandilleros, para así asegurar que les dará escoltas y carros patrullas como en la manifestación para ir bien protegidos a jugar.

Las autoridades de seguridad tienen que presentar planes concretos que tengan efectos inmediatos que resuelvan la inseguridad experimentada por los salvadoreños. Además deben formular una estrategia de comunicaciones para atacar esta percepción de trato blando, si en realidad se pretende atacar la delincuencia frontalmente. La población, por otro lado, no debe de dejar de exigirle al gobierno el tratamiento que piensa debe de recibir la criminalidad.

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