Tom
Blickman y Martin Jelsma
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia emitió
un informe, basado en el trabajo de científicos y especialistas, en el que
recomienda reformar las políticas de drogas en América Latina. El artículo
analiza esta propuesta y los principios que deberían guiar la construcción de
un nuevo paradigma, desde la proporcionalidad en el castigo hasta la
flexibilidad para que cada país pueda aplicar normas que se ajusten a su
cultura y su tradición. Luego se evalúan experiencias internacionales alternativas
dentro del enfoque de reducción de daños, desde el suministro de jeringas a
heroinómanos para prevenir el vih hasta los cafés holandeses en los que se
puede fumar cannabis. El texto concluye que es necesario encarar una profunda
revisión de las convenciones internacionales sobre el tema para lograr mejores
resultados.
En febrero de 2009, la Comisión Latinoamericana sobre Drogas
y Democracia, creada por los ex-presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil),
César Gaviria (Colombia) y Ernesto Zedillo (México), presentó una declaración
en la que evaluaba el impacto de las políticas de la «guerra contra las drogas»
y formulaba recomendaciones para elaborar estrategias más eficientes, seguras y
humanas. Las propuestas, que implican un cambio profundo de paradigma, instan a
examinar críticamente el enfoque prohibicionista impulsado por Estados Unidos y
analizar las ventajas y los límites de las políticas de reducción de daños
implementadas en la Unión Europea.
La declaración sostiene que la solución de largo plazo pasa
por la reducción de la demanda en los países consumidores. Tratar el consumo de
drogas como un tema de salud pública y promover su reducción son, según el
diagnóstico de la comisión, las precondiciones necesarias para orientar la
acción represiva a la cuestión clave: la disminución de la producción y el
desmantelamiento de las redes de traficantes. Cada país debe abrir un amplio
debate público sobre la gravedad del problema y la búsqueda de las políticas
más adecuadas de acuerdo con su historia y su cultura. En ese sentido, el nuevo
paradigma deberá centrarse menos en las acciones penales y más en los aspectos
sociales y culturales. Además, las políticas deben basarse en estudios
científicos y no en principios ideológicos, como parte de un esfuerzo que
involucre no solo a los gobiernos sino al conjunto de la sociedad.
Artículo completo en: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2009090315
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